Un juez federal dio este lunes hasta el 11 de agosto de plazo al gobierno del presidente Donald Trump para que informe qué medidas ha tomado de cara a cumplir con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que mantiene en vigencia el programa federal DACA, que protege de la deportación a unas 650.000 personas.
La decisión del Tribunal Supremo obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos DACA y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos, pero hasta hoy la Administración Trump sostiene que ni ha otorgado ni rechazado algunos de esos trámites.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional “recibe las solicitudes, éstas no serán aceptadas ni rechazadas, sino que se mantendrán a la espera de una consideración política que está teniendo lugar”, afirmó el viernes Stephen Pezzi, un abogado del Departamento de Justicia.
El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, ordenó hoy que el gobierno informe “qué acciones ha emprendido en respuesta con las órdenes judiciales relacionadas con el programa DACA y que han sido emitidas desde la decisión del Tribunal Supremo”.
A mediados de junio el Tribunal Supremo desechó por “arbitraria y caprichosa” la decisión de Trump en diciembre de 2017 que dio por terminado el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) creado en 2012 por decreto de su predecesor Barack Obama
El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en argumentos y, aunque Trump dijo que lo haría, hasta hoy su gobierno no a retornado a la corte.
Los trámites pendientes incluyen a unos 650.000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y también a más de 300.000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.
El Centro para Progreso Americano (CAP, en inglés) calcula que cualquier decisión sobre DACA afecta a más de 1,1 millón de indocumentados si se cuentan a los familiares de los “soñadores” -como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los “soñadores”, que han nacido en EE.UU. y son ciudadanos.
El 17 de julio, 33 miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, pidiendo que el Gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA y reanude los trámites de extensión de permisos y acepte nuevas solicitudes.
“No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones del DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal”, señalaron los senadores. “No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo”.
“Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando, falsamente, que la decisión del Tribunal Supremo ‘no tiene sustento en la ley’, y atacando a los recipientes del DACA, indicaron los senadores.
